La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en ingles) pidió a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés analizar el riesgo en el que se encuentra el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez por las amenazas y mensajes intimidatorios de los que es víctima.
“Nos dirigimos a usted, en su calidad de Presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia para solicitarle respetuosamente que, en ejercicio de sus facultades legales, vuestra Corte pueda adoptar medidas concretas en defensa de la independencia judicial del juez Miguel Ángel Gálvez”, mencionó la Fundación para el Debido Proceso en una misiva remitida a Silvia Patricia Valdés.
Asimismo, expresaron su grave preocupación por las amenazas y mensajes intimidatorios dirigidos a partir del 07 de mayo luego de que dicho juzgador emitiera una resolución disponiendo enviar a juicio a personas acusadas en el marco del proceso judicial del caso «Diario Militar».
“Adicionalmente, el juez ha expresado públicamente haber recibido amenazas directas, lo que amerita una respuesta inmediata, teniendo en cuenta que el juez Miguel Ángel Gálvez es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que existe una obligación reforzada de proteger su vida e integridad personales”, agregaron.
La DPLF recordó que el principio de la independencia judicial, consagrado en múltiples instrumentos del derecho internacional suscritos por el Estado de Guatemala, exige el reconocimiento y la defensa de una serie de garantías a los jueces y juezas, a fin de que puedan ejercer su labor libre de interferencias.
“En esa misma línea, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura, establecen que dicha independencia será garantizada por el Estado y que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, mencionó la DPLF.
También indicó que la protección de la independencia judicial ha sido consagrada en la Constitución Política de Guatemala, en su artículo 203, establece consecuencias concretas para quienes atentaren contra ella, indicando que «además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público».
“El ordenamiento jurídico guatemalteco encomienda de forma especial a la Corte Suprema Justicia, como máxima autoridad del organismo judicial, la responsabilidad de defender la independencia de los jueces/zas y magistrados/as frente a actos que la perturben”, aseguró.
Agregó que según el artículo 10 del Código Penal, “queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios o empleados de cualquier categoría, que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza, que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador”.
“Las amenazas de «muerte civil», o «prisión o exilio» que han sido dirigidas públicamente en contra el juez Miguel Ángel Gálvez, y la posible utilización de mecanismos jurídicos para intimidarlo y ejercer influencia sobre sus decisiones jurisdiccionales en el marco del caso «Diario Militar» u otros casos que se encuentran en su conocimiento, constituyen presiones externas que califican como actos ilícitos bajo el Derecho Internacional, y respecto de los cuales deben adoptarse medidas adecuadas para lograr su cese, pero que también deben ser investigados, sancionándose a quienes sean responsables”, indicó la Fundación para el Debido Proceso.
Por ello, solicitaron a la CSJ que se disponga la actualización de su análisis de riesgo, y en coordinación con el propio juez, se refuercen las medidas de seguridad que le asigna la Corte, asimismo se informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del procedimiento de medidas cautelares, acerca de las amenazas e intimidaciones que juez Miguel Ángel Gálvez viene recibiendo, así como de las medidas que, de común acuerdo, se han adoptado para protegerlo.
