Algunos diarios han informado sobre el estado calamitoso de muchas escuelas públicas. Por la razón que fuera, cientos de escuelas públicas carecen de unas condiciones dignas para impartir clases a niños y adolescentes, sobre todo, en las regiones más pobres del país. Del lado de la calidad educativa, las pruebas que diversas organizaciones practican a los estudiantes muestran que las cosas han ido de mal a peor. Esto se debe, en buena medida, creo yo, a que se tiene la errónea creencia de que, para que la educación pública sea financiada por el Estado, es necesario que las escuelas estén en manos del Ministerio de Educación Pública (MINEDUC).
En efecto, según he podido percibir, por ejemplo, al comentar sobre estos temas en redes sociales, muchas personas identifican como una y la misma cosa la idea de “educación pública” con la de “educación prestada por el MINEDUC”. Pero eso no es así. El MINEDUC puede, pero no tiene por qué ser “el maestro” ni “el director de la escuela”.
Independientemente de problemas tales como el hecho de que los sindicatos del magisterio estatal –o sus líderes, más exactamente—hayan politizado esas organizaciones para extraer de los políticos más y más prebendas totalmente inconexas con el buen desempeño de los maestros y demás funcionarios del sistema, la financiación estatal de la educación primaria y básica no tiene por qué estar en manos de administraciones públicas. Ni total ni exclusivamente.
Hace ya años asistí a una conferencia en la que un economista explicaba una idea que se implementó con bastante éxito en un país hispanoamericano que, con ciertos matices y adecuaciones, pudiera trasladarse con éxito para ciertas regiones de Guatemala.
Se trata de poner en manos de “equipos de administración escolar” una o más escuelas públicas para que las dirijan y brinden los servicios educativos. No se trata de otros equipos de administradores docentes y de maestros, sino que los que actualmente tienen esas responsabilidades, sólo que en un régimen autónomo y descentralizado respecto del MINEDUC.
El esquema arranca con la creación de “administradoras educativas” que son organizaciones sencillas de las que son miembros, responsables y propietarios los “equipos de administración escolar”. Una ley les reconoce personalidad jurídica y se someten, mediante un acto formal, al régimen de administración educativa descentralizada. Pueden o no recibir, en una especie de fideicomiso temporal y revocable, una o más escuelas físicas o pueden montar sus propias instalaciones.
El régimen de administración educativa descentralizada contiene una serie de requisitos y condiciones materiales, funcionales y administrativas que los equipos de administración escolar deben cumplir, bajo la supervisión del MINEDUC. Así como los colegios privados están sujetos a la inspección y supervisión de las autoridades educativas y deben sujetarse a los programas y el régimen de la educación escolar, así también deben hacerlo las administradoras educativas. Ahora bien, éstas no cobran una matrícula ni una cuota a sus estudiantes, sino que reciben del Estado, por conducto del MINEDUC, una remuneración por cada estudiante que voluntariamente se matricula en la administradora educativa. Esto se verifica regularmente por los inspectores de educación del MINEDUC.
La idea básica es que el ingreso que por estudiante reciba una administradora educativa sea equivalente al coste medio por estudiante, para la región del país de que se trate, del MINEDUC. Así, si el coste medio anual por estudiante para la región noroccidental fuera de “X”, la administradora educativa recibiría “X” por estudiante, menos el coste de supervisión del cumplimiento de los estándares reglamentarios.
Dichos estándares incluyen la organización de una asociación de padres de familia con la que las administradoras educativas deben mantener una relación institucional permanente y, además, dichas asociaciones proporcionan independientemente retroalimentación al sistema de supervisión.
El incentivo para los “equipos de administración escolar” está en lograr organizar la escuela y sus servicios a un coste igual o menor que el coste medio por estudiante para el MINEDUC y ganarse, por la calidad de la educación ofrecida, la preferencia de los padres de familia y de los propios estudiantes. El sistema requiere de la posibilidad de que unas administradoras educativas compitan con otras por ganarse a los estudiantes, de modo que en ciertas regiones rurales en las que las condiciones no dan para esa competencia el modelo pierde un elemento importante para su éxito.
Nada de esto, como decía al principio, supone privatizar la educación pública, porque su financiación por estudiante seguiría siendo estatal y no privada, puesto que los padres de familia no estarían obligados a pagar una matrícula ni una cuota por inscribir a sus hijos. Pienso que, ante los resultados del modelo actual y sus implicaciones para el futuro de esos niños y niñas, vale la pena explorar otros modelos como el descrito aquí someramente.
