En los regímenes totalitarios, entre los primeros sectores reprimidos figuran los medios de comunicación. La libertad de prensa es, sin dudas, la más atacada. Así ocurrió en Alemania durante el régimen Nazi y en Italia, durante el gobierno fascista de Benito Mussolini. Ejemplos más recientes y cercanos los encontramos en el caso de Nicaragua, del que parece que las autoridades guatemaltecas han copiado su metodología.
La forma en que se llevó a cabo la aprehensión del periodista José Rubén Zamora, director de elPeriódico, a través de un despliegue no visto ni siquiera en contra de miembros de la delincuencia organizada, provoca una enorme preocupación por el respeto a sus derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República, artículos 6, 12, 13, 14, entre otros, así como en lo preceptuado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normativa internacional que forma parte de nuestro derecho interno.
La acción llevada a cabo hace recordar la historia de Guatemala, en especial durante el conflicto armado interno (CAI), tiempo durante el cual las fuerzas de seguridad y los integrantes del sistema de justicia, eran quienes, fundamentalmente, llevaban a cabo acciones de control y persecución en contra de aquellas personas que fueron identificadas como enemigas internas. Sin embargo, aun durante los peores años de dictadura, no se acallaron voces como las del vespertino el Imparcial o su homólogo, aún supérstite, La Hora. Cuestión semejante cabe afirmar del matutino Prensa Libre y del desaparecido Diario el Gráfico.
La relación entre los gobiernos de turno con los comunicadores sociales ha sido poco más que escabrosa. En algunos casos la integridad y la vida de quienes promueven libremente sus ideas e informaciones, han sido afectadas directamente. No son pocas las ocasiones en las que, aunque reservadamente, se sabe de acciones que buscan restringir la libertad de expresión de periodistas y otros comunicadores sociales, entre los que destaco a los autores de columnas de opinión. Entre éstos últimos, recuerdo a personajes de la talla de Isidoro Zarco y Hugo Arce, por citar dos lustres ejemplos de gestores de pensamiento crítico.
En definitiva, no es necesario que estemos de acuerdo con las columnas editoriales o de opinión en general, eso es parte de nuestra libertad de expresión en su vertiente de libertad de elegir que datos queremos leer y analizar. Ni siquiera es necesario que conozcamos al señor Zamora y sintamos simpatías por él. Lo que importa es tener la capacidad de prever los alcances que acciones como las emprendidas, a las que se les trata de dar cariz legal, pueden tener para nuestras libertades. Estas acciones no solo afectan a una persona y a un medio de comunicación, pueden afectar a todas y cada una de las personas que habitan el país. Ahora, las autoridades presentan a los individuos aprehendidos como culpables, y así permiten que se de a entender entre la población nacional, por medio de las denominadas redes sociales.
Llama la atención, que cuando integrantes de la cleptocracia eran los perseguidos, enarbolaron los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico del país. Llegaron al colmo de invocar, cuestión inaudita durante el CAI, el derecho internacional de los derechos humanos. Los aliados de la cleptocracia imperante se volcaron a la tarea de auténticas campañas de propaganda (tal como lo hicieron los nazis) para presentar a los imputados como víctimas de una persecución política y a quienes intentaban aplicar la ley vigente, como representantes de ideologías de izquierda.
Ahora estos mismos grupos, unidos en la vendetta emprendida desde mediados de 2017, y que busca enviar el mensaje de que la cleptocracia prevalecerá, utilizan las instituciones públicas en las que se han colado, para dotar de una supuesta aura de legalidad a todo aquello que realizan, incluso cuando su naturaleza es claramente espuria e ilegítima. No causa sorpresa que acudan a las viejas estratagemas, como las de los años ochenta y noventa, en las que se creaban casos en contra de cualquier persona mediante plantar “pruebas” que permitían actuar con una contundencia reservada solo para la delincuencia organizada.
En suma, ante las medidas asumidas por las autoridades del sistema de justicia nacional, es necesario exigir que los procesos y procedimientos que se lleven a cabo se realicen con total transparencia. Es imprescindible se permita el irrestricto acceso a los medios de comunicación y a la población en general, para que las decisiones que se adopten se hagan de cara a un pertinente escrutinio público, que no deje lugar a dudas que lo único que se pretende es la dilucidación de la verdad de los hechos.
Los órganos jurisdiccionales encargados de controlar la investigación criminal deben constituirse en verdaderos jueces de garantías, que lejos de utilizar la prisión preventiva a destajo, deben considerar a los sujetos sometidos a proceso legal, como personas cuya inocencia no ha logrado tan siquiera ponerse en duda. Por tanto, las medidas sustitutivas distintas de la prisión deben ser utilizadas por encima de limitar la libertad ambulatoria individual.
Resulta imperativo el absoluto respeto del debdo proceso, garantizando que toda persona pueda ejercer su defensa de la mejor forma posible, con el auxilio de profesionales del derecho a quienes no se niegue, con argucias legalistas, el acceso a toda la información del caso, de manera que la defensa técnica pueda llevarse a cabo en el mejor interés de una auténtica justicia.
Lo que está en juego en el presente contexto, no es únicamente el destino de una persona o incluso de un medio de comunicación. Se está promoviendo el enjuiciamiento de las libertades de las personas que se encuentran en Guatemala. En el caso puntual, subyace un mensaje nefasto que hace recordar el terror de Estado prevalente durante las últimas décadas del siglo XX. Una cultura del silencio y de la indiferencia. Buscan justificar sus acciones bajo el pretexto de hacer “justicia”, de ejercer “soberanía” y de que no se impongan ciertas “ideologías”.
