Según un reportaje de BBC Mundo, titulado “Suecia: el país donde los parlamentarios no tienen asesores propios y se pagan el café de su bolsillo” (1/3/2019), que para los guatemaltecos no pierde actualidad, los diputados suecos tienen un salario mensual equivalente a US$7,200 (Q57,600), y tras pagar impuestos el salario neto es de US$4,300 (Q34,400), que es menos del doble de lo que gana en Suecia un profesor de primaria. En nuestro país los privilegios de que gozan infinidad de funcionarios en nuestro pobre país son inadmisibles. En tanto un diputado sueco afirma que “no tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios, porque nuestra tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tenemos la oportunidad de influir en el rumbo del país”.
En España, un ministro tiene un salario mensual de Euros 6,238, aproximadamente unos Q50,000. Un reportaje de El Periódico (1/7/22) revela que el alcalde de Villa Nueva tiene un ingreso mensual (salario base más dietas) de Q108,710 (más del doble de un ministro español) y la alcaldesa de Chinautla Q107,600. Prensa Libre reportó en 2015 que el alcalde de Jalapa ganaba entre salario y dietas Q76,400. Al revisar salarios y dietas que perciben alcaldes y miembros de los concejos municipales, veríamos que hay un abuso, por demás ofensivo, del erario público. Cosa que se repite en la mayoría de entidades estatales. Vale la pena señalar que para 2021 el PIB per cápita de Suecia fue de US$60,239 (Q481,912), el de España US$31,115 (Q248,920) y el de Guatemala US$5026 (Q40,204).
Abusar significa, según el Diccionario de la Lengua Española, hacer un uso excesivo injusto o indebido de algo, que es lo que sucede con esas remuneraciones escandalosas. El pretexto es que los funcionarios deben estar bien pagados para que no roben, que la dignidad de los cargos exige una buena remuneración, que los salarios en el Estado deben ser competitivos con el sector privado. Sin embargo, el salario promedio de un empleado en 2021, según datos extraídos de las encuestas de empleo e ingresos del INE, era de Q2,824 y el de un empleador no agrícola – producto de la pandemia – cayó de Q7,295 en 2019 a Q4,325, que es menor al ingreso promedio del empleado público.
Ante esta pandemia de abusos resultó refrescante lo revelado por el ex Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, sobre que el anterior PDH, Jorge de León Duque, redujo de Q100,000 a Q50,000 mensuales el salario que se había recetado su antecesor. Algo insólito en el panorama de nuestra administración pública por lo que, aunque tarde, felicito efusivamente al Lic. De León por esa muestra de responsabilidad y decoro.
Y ojalá que quede solamente en el intercambio de palabras que el Lic. Jordán Rodas tuvo con diputados de la Comisión de Derechos Humanos, cuando dijo que estaba pensando en cobrar la indemnización que se recetó un Procurador anterior, probablemente el mismo de los Q100 mil, con el pretexto de que todos lo hacen. En efecto, lo hacen los diputados, los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad, a pesar que son nombrados para un período determinado y que, por consiguiente, el cese en el cargo no es por remoción sin causa justificada. Al contrario, justificadamente deben salir, pues en caso contrario incurrirían en usurpación de funciones.
Y que todos lo hacen es una expresión totalmente desafortunada, que esperamos sea producto del calor del debate, pues tenemos en alta estima la infatigable labor del Lic. Rodas y su equipo en la infatigable defensa de los derechos humanos. Que todos lo hacen es la manida excusa de los sinvergüenzas. Se incurre en actos de corrupción y se enriquece de manera ilícita porque todos lo hacen. Se viola la ley porque todos los hacen. Se evaden impuestos porque todos lo hacen. Se abusa del poder porque todos lo hacen.
