Designación como corrupta de la Fiscal General tendrá repercusiones en inversiones y credibilidad de la justicia

Foto: Epicentro

La designación que hiciera el Departamento de Estado de los Estados Unidos para incluir en el listado Engel a la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta y del Secretario de General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, tendrá repercusiones en el país a largo y mediano plazo.

Según analistas consultados, estas repercusiones se verán en la atracción de inversión extrajera, así como en la credibilidad de la justicia guatemalteca, ante la falta de confianza que pesa sobre Porras.

Gabriel Orellana abogado constitucionalista y excanciller señaló que esta designación repercute muy gravemente en el índice de calificadoras de riesgo, porque se trata que el Fiscal de la Nación, equivale en el sistema estadounidense al Ministro de Justicia de los Estados Unidos y por lo tanto es el funcionario abogado del país a diferencia del Procurador que es el asesor jurídico.

Entonces el punto estriba en que cualquier calificadora de riesgo, no puede garantizarle a sus clientes y a los que buscan su consejo que consideren a Guatemala como un ambiente favorable a la inversión por el hecho de que su sistema de justicia no funciona normalmente.

“Esto es para comenzar un daño muy serio, porque no se ven sus consecuencias de inmediato pero el punto estriba que alguien en su sano juicio como inversionista, a no ser que quiera inversiones de alto riesgo, va invertir en Guatemala” señaló Orellana.

Agregó que a mediano y largo plazo se pone en peligro a Guatemala como un lugar de inversión, porque las medidas que toma Estados Unidos no se circunscriben a una sola persona, sino que pueden ir ascendiendo el nivel, “así que Guatemala debe ir poniendo sus barbas en remojo, es un hecho de que Guatemala depende enormemente de las remesas que mandan los migrantes guatemaltecos, entonces cualquier limitación o trabas que se le pongan a estos flujos de capital indudablemente pueden repercutir todavía más negativamente en los intereses de los guatemaltecos”, manifestó.

Orellana señaló que la repercusión más sensible es en el hecho de que el sistema de justicia guatemalteco no garantiza en un 100% la pronta, cumplida e imparcial administración de justicia, que hay una falta de parcialidad y obviamente una serie de anomalías que dicho en dos palabras no garantiza el debido proceso.

Asimismo, refiere que el apoyo que ha recibido la Fiscal General, del Presidente y el Presidente del Congreso, “es una dimensión parroquial de estos temas, porque adrede están ignorando o haciéndose los que ignoran que estos señalamientos son instrumentos políticos de un determinado país, en este caso de Estados Unidos, pero los mismos señalamientos políticos los usa la Unión Europea, Canadá y algunos otros países del mundo, entonces aquí dicen mucho, pero al final no dicen nada, aquí no se trata de un debido proceso, para comenzar los EE.UU. no es parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

El abogado señaló que el aislamiento internacional es un riesgo latente para Guatemala, “aquí la gente cree que en la política internacional las cosas se manejan como las relaciones interpersonales, pero no es así, entran en juego muchos factores y puede tomar mucho tiempo, pero el problema es que cuando se realizan el golpe es bastante duro y cuesta mucho tiempo y esfuerzo volverse a recuperar. El problema es que se está confundiendo relaciones y problemas de tipo personal, con problemas que involucran a todo un país”, manifestó. 

EL SISTEMA DE JUSTICIA PIERDE CREDIBILIDAD

Oswaldo Samayoa, catedrático universitario aseguró que la designación de los dos altos funcionarios del MP, es una respuesta a la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y la designación del Fiscal, Rafael Curruchiche al frente de la FECI.

Samayoa señaló que en este caso de la designación de la Fiscal General hay tres repercusiones importantes, la primera es que se esto se suma a la reclamación de la ciudadanía y social sobre la administración del MP en cuanto a la exigencia de transparencia, eficiencia y efectividad, pero esencialmente a los cambios que se piden dentro de la Fiscalía General. “Esto es un golpe político que está acompañado de reclamaciones sociales”, manifestó.

Lo segundo, es que si ya tenía luz roja la cooperación internacional y la tercera repercusión es que estamos enfrentando a un Estado cooptado en términos del sistema de justicia.

Según Samayoa, la designación como corruptos de los dos altos funcionarios repercute, en que otra vez el sistema de justicia pierde credibilidad en términos de independencia e imparcialidad, se vino abajo, esto es grave para la democracia y la República, en términos institucionales.

“Los modelos de retroceso que pueden haber dentro del MP, luego habrá que revertirlos, lo cual conlleva un proceso que ya se había realizado años antes, porque lamentablemente han detenido el avance que se tenía”, dijo.

Además, manifestó que el mensaje que envía la Fiscal General, al mantenerse en el cargo es un mensaje retador hacia la ciudadanía, pero también es un mensaje de que hay muchos intereses dentro del MP, con muchas investigaciones que trastocaban la historia de corrupción e impunidad que hay en el país y que le están dando soporte para que pueda hacer esto.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de reelección de la Fiscal General, en la que la Comisión de Postulación, tendrá que observar que este señalamiento que manifiesta el mayor socio en cooperación y comercio que es Estados Unidos, es una tacha que no puede dejar de observar y la reclamación ciudadana también, “la Comisión de Postulación tiene una tarea difícil que tiene que inclinar la balanza en favor de la ciudadanía en la exigencia de justicia y terminar con la impunidad, para que no pase una persona con señalamientos”.

SIN UN MÍNIMO DE CONFIANZA

Por su lado Renzo Rosal, analista político independiente, indicó que esta designación es un anuncio por un lado de esperar, porque está claro que la Fiscal y su equipo desde el inicio de su gestión han maniobrado a favor de la impunidad en el país, así que se esperaba que hubiese un mensaje de esta naturaleza.

Además, refiere que el mensaje del Secretario de Estado, es lapidario porque está diciendo que la Fiscal General, es una persona antidemocrática y aliada a la corrupción, “lo que indica ese mensaje es que ella –Consuelo Porras- se coloca como una persona non grata y en parte de la lista negra que junto con otros personajes del país han engrosado ese listado”.

Asimismo, indicó que lo más grave es que se trata de la Fiscal General, y en fiscalías de América Latina son vistos como instituciones cercanas y estratégicas para los Estados Unidos y que la responsable de la Fiscalía de Guatemala aparezca en esta lista lo que está diciendo es, “lo que es usted y lo que está haciendo, no es digna de tenerle confianza, no tenemos un mínimo de confianza, ni en sus decisiones en general”, señaló Rosal. 

Agregó que el hecho de que una persona se encuentra en un listado como este, implica que previamente se le ha investigado, que se le ha indicado que en el “check list” ella –Fiscal General- salió mal parada y dio como resultado el anuncio público, “el anuncio es no es el fin, hay otras repercusiones que puede suceder, ya sea contra ella o contra quienes forma parte de sus redes, dentro o fuera de la institución, indiscutiblemente hay gente aliada de ella, que posiblemente podría estar implicada en otro tipo de acciones que lleve a cabo Estados Unidos en las siguientes semanas”.

Rosal indicó que el sistema de justicia en Guatemala ya no es tal sistema, porque la última pieza que faltaba era el MP, “han sido tocados y queda al desnudo la debilidad, la perdida de independencia de la Corte Suprema de Justicia, de algunas Salas de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad que está completamente erosionada y ahora el MP y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todas las instituciones que forman el sistema de justicia están coludidas, están enfermas y enfermas de gravedad” dijo.

Por último, manifestó que hay una agenda de la Fiscal General, a la cual debe responder, “una agenda pro impunidad” y por lo tanto aunque la señale Estados Unidos y el que sea o la cuestionen cuanto sector nacional, “ella va a seguir ahí porque tiene que cumplir con algunas tareas producto de esa alianza, ella es la operadora de esa alianza y responde a esos hilos”, señaló Rosal.