Las acciones inescrupulosas del Ministerio Público desfilan en la pasarela del descaro este mayo. Empecemos con la detención de las fiscales Aliss Morán y Paola Escobar, quienes regresaron a prisión hace un par de semanas. Una muestra más de la desenfrenada persecución ilegítima dirigida contra los investigadores anticorrupción.
Ellas, como otros funcionarios de justicia, formaron parte de equipos anticorrupción que revelaron esquemas mafiosos enquistados en el aparato estatal y que permitieron llevar ante los juzgados a los responsables, muchos de ellos ahora condenados. Aunque la respuesta de los grupos afectados fue activar toda una maquinaria de venganza que está en plena marcha y, a diferencia de otros tiempos, no guardan las formas.
El señalamiento contra Allis y Paola, dos jóvenes y brillantes abogadas con al menos una década de servicio público, consiste en que supuestamente presionaron para que el abogado Dennis Herrera colaborara con la justicia. En la acusación también incluyen a otros dos trabajadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Willy Racanac y Rudy Herrera.
Soy testigo de las repetidas ocasiones en que dicho abogado acudió a la fiscalía para que recibiéramos la información que aseguraba tener sobre el proceso de manipulación en la elección de las altas cortes. A mi salida de Guatemala, no solo cambió esas intenciones, sino que pronto su palabra fue instrumento de asedio contra cuatro brillantes abogados, ahora exfiscales.
Esas acciones inescrupulosas atienden a un patrón, evidenciado hace un par de semanas por el fiscal Rafael Curruchiche, cuando salió de una de las audiencias contra del periodista Jose Ruben Zamora y la fiscal Samari Gómez y dio declaraciones a medios de comunicación. Iba acompañado del equipo de prensa del MP y aprovechó para lanzar dardos en mi contra.
Según Curruchiche, cuando yo fui destituido por la fiscal general, María Consuelo Porras, extraje documentación que involucraba al presidente Alejandro Giammattei y la entregué a autoridades internacionales. Y por esa razón, afirmó, el Ministerio Público no cuenta con indicios para hacer una investigación. Esa es su justificación cuando responde que no hay investigaciones relacionadas a Giammattei y la supuesta entrega de dinero.
Pero resulta contradictorio porque uno de los primeros casos en mi contra, se basa justamente en el expediente que contiene esos indicios. El proceso está en reserva para mí, pero no para el público, con el que suele compartir información abiertamente ante cámaras y micrófonos de prensa.
A la cadena infinita de eventos inescrupulosos, se suma la pompa de la celebración del quinto aniversario de Consuelo Porras como fiscal general –primer año de su reelección-, una conmemoración pública marcada por el intercambio de discursos y reconocimientos rimbombantes que me hicieron recordar al gran Cantinflas en una de las escenas de la película “Su Excelencia”.
Tienen demasiado que celebrar, como lo dijo el gobernante Giammattei en el evento, al referirse a la reelección de la fiscal general como “la mejor decisión que pudo haber tomado”.
Con Consuelo Porras en el Ministerio Público, el Presidente de la República, está blindado, no hay posibilidad de investigar actos de corrupción, y por medio de la fiscalía se ha inventado casos por doquier contra operadores judiciales independientes, prensa incómoda y activistas sociales que pudieran inquietarle.
Para saciar la sed de venganza y como corolario a estos días festivos de la impunidad, el pasado viernes fueron detenidos los fiscales Stuardo Campo y Brayan Palencia, quienes integraron la Fiscalía Contra la Corrupción, en la que realizaron pesquisas muy importantes contra actores corruptos, y aprovechando esa ansia de revancha, los integrantes del pacto de impunidad los convirtieron en las víctimas más recientes de su cruzada.
Cuando Campo estuvo en la FECI, fue encargado de la investigación y procesamiento de la familia Bitkov. Y en su paso por la Fiscalía Contra la Corrupción, entre otros procesos, fue el responsable de la investigación por la malograda obra del Libramiento de Chimaltenango, que tiene entre los involucrados al nuevamente juez Mynor Moto, así como al ex ministro José Luis Benito.
Es lo más reciente en la Guatemala de las injusticias, donde anejo al desmantelamiento del aparato anticorrupción, está el afán de vindicta que no oculta formas ni intenciones y que no cesará en mucho tiempo.
