El artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica la razón de existir del Estado guatemalteco: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.” A partir de esta normativa, me permito hacer algunas reflexiones en torno a lo que denomino contrataque cleptócrata que busca destruir la finalidad esencial de porque se organiza el Estado.
Al referirme al bien común como fin supremo estatal, lo hago en el entendimiento que es el máximo bien posible para todas las personas asentadas en el territorio nacional. En tal sentido, no lo interpreto como el mayor bien posible para algunos. Tampoco lo comprendo como una condición que pretenda socavar las libertades individuales. Se trata, mas acertadamente, como lo expuso con acierto el filósofo español José Ortega y Gasset en su obra Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstancia, sino la salvo a ella no me salvo yo”.
Aunque, como en mi caso, se tome partido por las libertades individuales, éstas no pueden llegar a concretarse en un entorno en el que las demás personas no tienen auguradas las propias. Por ello lo imperativo de que quienes ejercen el poder, no se olviden de los demás, es decir del resto de las personas. Muchas de estas autoridades, ubicadas en los tres poderes del Estado y en entidades autónomas y descentralizadas, invocan argumentaciones ideológicas que lo que esconden es su desprecio por las libertades individuales y por los derechos colectivos.
Lejos queda la posibilidad de concretar algunos de los derechos individuales más preciados, como lo son el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la expresión del pensamiento, al comercio y la industria, por supuesto que también se ve en peligro el derecho humano a la propiedad. Esto es un hecho en las actuales circunstancias de nuestro Estado, pues lo que ha venido a instalarse como auténtica forma de gobierno es una cleptocracia. Por cleptocracia se debe entender, según el Diccionario de la Lengua Española, el “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.”
Por supuesto, en este tipo de gobierno, el bien común es un anatema. Por ello resulta lógico que se busque desprestigiarlo y trasmutar su sentido, dándole connotaciones que, en un entorno tal ultraconservador como el nacional, despierten el temor inveterado a ideologías colectivistas. De esa manera la cleptocracia ha logrado que los diversos estratos de las clases más privilegiadas en el país, las élites económicas y la clase media, favorezcan medidas que claramente conculcan el fin supremo del Estado de Guatemala. La cleptocracia gana así un apoyo importante para que su forma de gobierno impere y fructifique. De hecho, como quedó en evidencia hace algunos años, muchos integrantes del vértice de la pirámide social guatemalteca y no pocos de las clases medias, participan y se benefician de este modelo gubernamental, razón que explica porque no quieren se realicen cambios y apoyan irrestrictamente se persiga a cualquier persona que critique el sistema.
No quedan al margen de estas circunstancias las diversas iglesias que existen en el país. En medio de la búsqueda constante de adeptos, algunas de estas congregaciones, toman partido para apoyar medidas de diversa índole pero que tienen repercusiones perniciosas en el bien común. Un ejemplo de esto lo constituye el apoyo que se dio a la emisión del decreto legislativo 18-2022, plagado de violaciones a los derechos y garantías de las personas, además de caer en el falaz argumento de que la normatividad penal es la panacea universal a todos nuestros males.
Por supuesto que la cleptocracia y sus distintos aliados y simpatizantes desconocen los alcances que debe tener la procuración del bien común. Insisto, a ellos en nada les interesa el mismo. Se tornan ciegos y sordos a cualquier consideración que pueda implicar menoscabo a sus posibilidades de enriquecimiento ilícito. Por ello es por lo que no atienden argumentos razonados como el expresado por la Corte de Constitucionalidad, cuando aún velaba por las libertades, derechos y garantías de las personas:
“[…] el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común, […] las disposiciones que se emitan deben ser coherentes con ese valor, porque este da sentido al conjunto de derechos que el resto de preceptos fundamentales reconoce, entre ellos y, según fue analizado en apartados precedentes, el derecho a una vivienda asequible para aquellos en situación de desventaja; de esta forma el propio texto constitucional fija límites a quienes detentan el poder para que, al aprobar de normas como la que ahora se estudia, estas cumplan con aquella finalidad estatal.” Corte de Constitucionalidad. Expediente 3507-2014. Fecha de sentencia: 11/02/2015.
Por el contrario, la cleptocracia ve en estas y otras consideraciones semejantes un peligro inminente para sus operaciones. De esa cuenta a través de un eficiente servicio de inteligencia, se identificaron los espacios que debían ser tomados, también se identificaron a los actores sociales que ameritaban ser neutralizados, y se puso en marcha todo un programa que permitiera continuar formalmente con la apariencia de un Estado democrático, con elecciones generales cada cuatro años, aunque eso sí, sin opciones político partidarias distintas de la oferta que la propia cleptocracia y sus aliados propone a un electorado cada vez más desencantado. En ese contexto, hay un aprovechamiento de los bajos índices de educación de la población, las brechas en comunicación, la miseria imperante, entre otros aspectos, que facilitan la obtención de votos para los candidatos menos idóneos y que en su mayoría responden en mayor o menor grado a los deales cleptócratas.
Claro está, para la cleptocracia esto no ha sido suficiente. La necesidad de enviar mensajes contundentes a toda la población, de que no tolerará nunca más, que se pretenda desbaratar su sistema de gobierno, se ha concretado a través de la criminalización sistemática de diversas personas que pertenecen a grupos determinados de la sociedad guatemalteca. Ahora los ejemplos sobran, lamentablemente. Se atacan a defensores penales, como el caso del respetado abogado Carlos Paz, se endilgan todo tipo de denuncias en contra de la exjueza Erika Aifan, se separa de sus cargos a otros jueces, como Pablo Xitumul y María Salazar; también se presentan todo tipo de absurdas denuncias en contra de defensores de derechos humanos, líderes campesinos, periodistas, con la maledicente cooperación del ente encargado de la persecución penal.
Asimismo, se hace uso indiscriminado de las redes sociales para buscar convencer, a través de la repetición constante de discursos de odio, de lo acertado de las medidas implementadas, de que es legítimo difamar a las personas, por el simple hecho de que piensen diferente o que manifiesten públicamente sus críticas al modelo gubernamental cleptócrata. Este sistema de comunicación de la propaganda cleptócrata, tiene parecidos indiscutibles, con aquellos mecanismos implementados por Joseph Goebbels, ministro para la ilustración pública y propaganda del tercer Reich entre 1933 y 1945.
Se ataca a las personas, se les vilipendia por sus características físicas, se les califica desde traidoras a la patria, de ladronas y otras cuestiones aún más insultantes a su dignidad humana. Se busca que no se discutan las ideas críticas expuestas, sino que se les anatemice a priori y que se traslade a través de las redes sociales, una idea de que son demonios a quienes mejor sería exorcizar. Este tipo de propaganda encuentra eco, mayoritariamente, en una clase media urbana, poco proclive al pensamiento crítico y más favorecedora del conformismo, del no se puede hacer nada y mejor colaborar para al menos, sacar algún beneficio personal.
A lo dicho se suma que los profesionales parecen conformes con ejercer liberalmente sus trabajos, sin aportar nada para que se produzca algún cambio significativo en el mediano o largo plazo. Algunas profesiones en particular parecen presentar una predisposición a favorecer la impunidad y la corrupción. A destacar el gremio de abogados y notarios. Su intervención en distintas esferas, tanto del gobierno central, como de gobiernos autónomos como lo pueden ser municipalidades o instituciones como la universidad nacional, el seguro social entre otros, tiene una clara incidencia que en no pocas ocasiones puede coadyuvar a los esfuerzos cleptócratas.
Tampoco la academia resulta intocable por los poderes de la cleptocracia. Desde que se involucró a las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, en los procesos de postulación para determinados cargos públicos, se pasó de tener un número relativamente pequeño de casas de estudios superiores, alrededor de cinco universidades privadas a casi triplicar ese número. En algunos casos, las universidades han participado en los procesos de postulación sin siquiera tener estudiantes o catedráticos. Se evidencia de esta manera como han aparecido universidades con un claro propósito de influir en el trabajo de las comisiones de postulación.
Se debe considerar también la forma en que, en los últimos veinte años, se ha logrado consolidar un sistema que favorece a personas incapaces, no idóneas y definitivamente carentes de honorabilidad, para optar a los cargos más relevantes en el sistema de justicia nacional. Al respecto resultan palmarios los ejemplos constituidos por los casos llamados Comisiones Paralelas I y II. El contraataque de la cleptocracia no se ha hecho esperar, la mayoría de personas involucradas en la persecución penal de estos casos, han pasado de ser parte del sistema de justicia nacional ha perseguidos por las mismas instancias a las que pertenecieron y que encabezaron la lucha contra la corrupción e impunidad.
Bajo el manido argumento de defender el orden público, se ha establecido una inmisericorde persecución que hace recordar los peores años de la inquisición católica, de toda aquella persona que ose criticar abiertamente a las autoridades o a cualquiera de sus aliados. Además, también, para promover el aislamiento del país, al menos desde un punto eminentemente político, se apela a un concepto de soberanía del tipo westfaliano. Esta postura es contraria al reconocimiento de la comunidad entre Estados y del respeto que se debe al derecho internacional, en particular, al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos.
Así las cosas, de momento parece poco probable que, en el futuro inmediato, se pueda producir algún cambio que redunde en beneficio del bien común. El sistema gubernamental cleptócrata apela al formalismo normativista, antes que a principios sólidos y consolidados. Le interesa mantener las apariencias de un Estado de Derecho, como lo hicieron sus antecesores más concretos reflejados en gobiernos de naturaleza totalitaria, como lo fueron los gobiernos nazi y fascista. También copia la cleptocracia las prácticas de gobiernos autoritarios como los que actualmente funcionan en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Llevan así al país a una debacle de la que es poco probable salgamos. Por eso es tan poco prudente guardar silencio al respecto, aunque campee el temor o peor aún, se extienda cada vez más la indiferencia.
