La Convergencia por los Derechos Humanos por medio de un comunicado dio a conocer su postura ante los últimos acontecimientos ocurridos en el país, en los que considera que el estado mafia se está consolidando con el control del Organismo Ejecutivo, Congreso, Organismo Judicial y el Tribunal Supremo Electoral.
La Convergencia señaló que la designación de Consuelo Porras Argueta para un segundo período al frente del Ministerio Público (MP), no ha sido sorpresa. «Así lo anunció la tolerancia de la Comisión de Postulación (CP) a los innegables delitos, como el plagio, que se le atribuyen a la designada como corrupta en la lista Engel. Finalmente se confirmaron con las maniobras previas desde la Corte de Constitucionalidad (CC) que obligaban a la CP a incluirla en la nómina de seis candidaturas».
Asimismo, manifestaron que otra acción criminal de las mafias fue la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC). «Para ello, Mazariegos contó con el respaldo del Consejo Superior Universitario (CSU) para realizar la elección con los cuerpos electorales acreditados. Es decir, aquellos que correspondían a Mazariegos».
La Convergencia señaló que «con estas acciones y el control de la presidencia del Organismo Ejecutivo, la mayoria del Congreso y el Organismo Judicial (OJ), así como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el estado mafia se consolida en Guatemala. Con ello, se restaura el viejo orden oligárquico, militar y criminal, que avanzará por el ejercicio autoritario del poder y además de profundizar el uso indebido del derecho penal, será capaz de recurrir a la violencia política con cuerpos para-estatales ligados a la empresa privada, para dejar el camino libre de toda expresión de disidencia y de reclamo de respeto al estado de derecho».
Ante esta gravísima situación de riesgo para el ejercicio de los derechos humanos, denunció que «la alianza de actores de la oligarquía, el sistema político, militares comprometidos en violaciones a derechos humanos y estructuras del crimen organizado, que hace de Guatemala un estado mafioso al servicio de la corrupción y la impunidad».
Por lo que responsabilizó al Organismo Ejecutivo, en particular a la presidencia y a los ministerios de Gobernación y Defensa, de las agresiones y ataques hacia personas defensoras de derechos humanos, liderazgo social y comunitario, perpetrada por actores privados tolerados por las autoridades.
Y demandó de las autoridades del sistema de justicia el cese inmediato de la persecución penal espuria contra operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, a quienes se criminaliza por la defensa del estado de derecho.
Además exigió la anulación de las elecciones para rector en la USAC y demanda un proceso transparente y sin maniobras fraudulentas.
Solicitaron a la comunidad internacional, mantener su atención a los sucesos en Guatemala y sancionar con las medidas a su alcance a los actores responsables de realizar, patrocinar y sostener, la instalación de las mafias en el control del Estado y la violación de libertades y garantías.
Hicieron un llamado al pueblo para tejer alianzas fuertes y movilizarse contra la instauración del Estado mafia para derrotar la restauración del orden de la corrupción y la impunidad.
