El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará» (MESECVI) por medio de un Comunicado de Prensa, expresó su profunda preocupación frente a la situación de la ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra.
Según dicho Comité desde la captura de Laparra el pasado 23 de febrero de 2022, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han denunciado irregularidades durante el proceso penal en su contra, “así como las condiciones precarias de su detención que afectan gravemente su salud y su integridad física y psicológica. Estos hechos suponen una grave violación a sus derechos y además comprometen la responsabilidad del Estado guatemalteco en virtud de la Convención de Belém do Pará y de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de las mujeres”, indicó la MESECVI en el comunicado.
Agregó que las denuncias recibidas por el Comité de Expertas dan cuenta que las acusaciones contra Laparra se deben principalmente al trabajo que realizó en la FECI, “lo cual estaría en contravención con los principios de imparcialidad y transparencia, así como el debido proceso”.
Asimismo, se habrían producido manifestaciones directas en contra de la ex fiscal que podrían suponer actos de violencia contra ella por el hecho de ser mujer, así como, actos de violencia y discriminación contra sus abogadas defensoras, lo cual además de estar prohibido por la Convención de Belém do Pará, estaría prohibido por el reconocimiento internacional del derecho a defender derechos, refiere el comunicado del Comité de Expertas.
En virtud de lo anterior, el Comité de Expertas recordó la obligación del Estado de Guatemala, de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar toda manifestación de violencia contra las mujeres que tenga como objeto menoscabar o anular el ejercicio de todos sus derechos. “En este sentido, se solicita a las autoridades de Guatemala, cuando menos, tomar las medidas necesarias para evaluar las condiciones de detención de la ex fiscal Laparra y garantizar que reciba la atención médica necesaria para atender su salud”.
Laparra fue acusada por presunto abuso de autoridad en el 2018, luego de que denunciara a un juez por supuestamente haber brindado información a terceras personas sobre una investigación bajo reserva. Laparra fue encontrada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada y condenada a 4 años de cárcel conmutables.
MP: Comité de Expertas se equivoca
Entre tanto, el Ministerio Público (MP) manifestó por medio de un comunicado de prensa que la denuncia contra Laparra no tiene ninguna relación con el trabajo que desarrolló en la FECI, “como equivocadamente se menciona en el comunicado del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, pues deviene de hechos en los cuales se pudo demostrar que abuso de su autoridad de forma continuada, sin estar relacionados estos actos con su condición de mujer. Así también es importante recalcar que ninguna persona puede valerse del cargo que ostenta para cometer actos que violan la ley.
“En ese sentido, con base las pruebas que el MP presentó el juez resolvió dictar sentencia condenatoria, siendo éste garante de todos los derechos de las partes, mediante la aplicación de la legislación constitucional y ordinaria, tomando en cuenta el principio de convencionalidad y permitiendo que los involucrados hagan uso de su derecho de defensa, lo cual evidencia el desarrollo de un debido proceso, respetando en todo momento la presunción de inocencia” refiere el MP en su comunicado.
Agregó que, es importante mencionar que en todas las fases del proceso se respetaron sus derechos y garantías, mediante una investigación desarrollada con imparcialidad, transparencia y con el debido sustento legal. “Así también, en todo momento se garantizó el resguardo de la integridad de Laparra Rivas en cumplimiento de lo que establece el ordenamiento jurídico guatemalteco”, refiere el comunicado del MP.
MP: No investigar una denuncia es promover la impunidad
Además, indicó que “el MP es una entidad autónoma, representante del poder público en materia de investigación y persecución penal, por lo que exigir que no se investigue una denuncia o sugerir que la persecución penal sea sesgada, arbitraria o que no se realice la misma, únicamente promueve la impunidad y atenta contra el estado de Derecho y la democracia, contraviniendo los tratados y convenios en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, finalizó el ente investigador.
