La democracia como sistema de gobierno
«La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás». Winston Churchill
Etimológicamente, democracia significa “gobierno del pueblo”: el sistema que supuestamente nace de la decisión mayoritaria de los ciudadanos, quienes tienen la potestad de elegir a sus gobernantes mediante un proceso electoral libre y voluntario.
Desde esa perspectiva, democracia es sinónimo de elecciones: los ciudadanos acuden cada cierto tiempo de forma periódica -el período está determinado por cada Constitución de cada país-, para elegir, de una lista proporcionada por los partidos políticos, aquellos candidatos o candidatas que consideran los mejores o más aptos para gobernar los destinos de ese país en particular. Pese a que el proceso descansa en la decisión individual de cada ciudadano, los resultados frecuentemente son contradictorios: no siempre es electo el mejor o el más apto, por lo que la decepción ciudadana puede ser el resultado de una elección en particular.
La democracia, sin embargo, no se agota en los procesos electorales, y este detalle hay que tenerlo en cuenta: los ciudadanos, siendo los titulares de derechos de una sociedad, tienen muchas más opciones dentro del sistema que el simple proceso de elegir y ser electos que contempla los procesos electorales. Según el diccionario, ciudadanía significa aquella “condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado”. Explicar qué derechos y posibilidades encarna la ciudadanía es el objeto del presente seminario, de manera que se entienda que la dimensión electoral es apenas una de las tantas opciones que tiene un ciudadano para hacerse oír.
Dimensiones de la ciudadanía
“Sólo una ciudadanía bien informada, con el poder y vocal puede funcionar bien en la democracia”. David Brin
Si aceptamos que la ciudadanía es el estatus de derechos que una sociedad otorga a quienes reúnen ciertos requisitos tales como el lugar de nacimiento o de residencia, la clave del concepto es reflexionar sobre el conjunto de posibilidades y derechos que otorga la ciudadanía a cada persona que obtiene dicho estatus. Desde esa perspectiva, la ciudadanía se compone de al menos, cuatro dimensiones constitutivas: 1. Una eminentemente sociológica, el sentido de pertenencia a una comunidad determinada; 2. Una claramente legal, que le concede derechos y obligaciones; 3. Un acceso irrestricto a la posibilidad de elegir y ser electo, y 3. Una última y más problemática, un supuesto acceso ideal a ciertas condiciones mínimas que garanticen condiciones de vida digna y sin sobresaltos.
La primera es la dimensión social e identitaria: condiciona a la persona a sentirse parte de una comunidad determinada, lo que garantiza que no debe ser menospreciado por ninguna condición personal, social, cultural, religiosa o económica.
La segunda es la dimensión legal: otorga al ciudadano una identificación oficial que garantiza al portador, acceso inmediato a ciertas garantías personales -libre locomoción, libertad de creencias, libertad de expresión, etc.- que lo reconocen como miembro pleno de una comunidad, con iguales derechos y obligaciones que cualquier otro miembro de esa comunidad (el principio de igualdad ante la ley). La legislación, igualmente, otorga la capacidad del ciudadano de participar dentro del sistema para hacer oír su voz e incidir en la forma que los gobiernos toman decisiones: para el caso de Guatemala, existen dos mecanismos institucionales básicos de participación ciudadana: el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, y la potestad de desarrollar auditorias sociales: la capacidad de auditar a las autoridades en la forma en que ejercen el poder, en particular, la forma en que gastan los recursos públicos.
La tercera es la dimensión político-electoral, que es al más conocida de la condición del ciudadano: toda persona con mayoría de edad y que tiene pleno goce de sus derechos, puede participar en los procesos electorales, eligiendo a quienes considera más idóneos, o participando en organizaciones político-partidistas para promover a sus candidatos y programas, o incluso, optar a ser candidato o candidata para un puesto de elección popular.
La cuarta dimensión es la económica: el otorgamiento nominal de que los ciudadanos deben gozar de condiciones para vivir y desarrollarse dentro de una sociedad, lo que implica condiciones mínimas: salud, educación, vivienda, infraestructura de servicios y seguridad para él y su familia. El problema es que, pese a que las Constituciones de nuestros países otorgan estos derechos nominalmente a todos los ciudadanos, en la práctica, existen condiciones económicas adversas para muchos ciudadanos, que no tienen acceso a dichos derechos económicos y sociales.
Instancias de participación ciudadana
“Las elecciones democráticas por sí solas no remedian la crisis de confianza en el gobierno. Por otra parte, no hay ninguna justificación viable para un sistema democrático en el que la participación ciudadana se limita a votar”. Beth Simone Noveck
La democracia, siendo un gobierno que se guía por la premisa de otorgar la potestad al pueblo de gobernarse a sí mismo, otorga a los ciudadanos la posibilidad de participar en la forma en que se ejerce el poder dentro de un sistema. Dicha participación se divide en dos formas: una primera, la participación política-partidista, que contempla el derecho innegable de participar en los procesos electorales, tal como hemos señalado. Dicha forma de participación la conocemos ampliamente: para el caso de Guatemala, cada cuatro años acudimos a las urnas para ejercer nuestro voto, con lo que contribuimos a elegir a las autoridades que nos gobiernan durante cuatro (4) años. Esta dimensión de la participación también contempla la posibilidad de afiliarse a cualquier partido político, y desde esa participación, trabajar para la construcción de planes y proyectos político-partidistas, o incluso, si lo decide, postularse para un cargo de elección popular.
Una segunda forma de participación ciudadana se ejerce mediante la participación política no partidista, que contempla la posibilidad de que los ciudadanos se organicen en grupos de presión social o económica que garantice ciertos derechos: comités barriales, de vecinos, organizaciones sociales no partidistas, etc. En Guatemala, podemos nombrar el sindicato de maestros, los distintos gremios de actividades productivas como el CACIF, las cámaras empresariales como la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), entre otros, como ejemplo de grupos de presión social o económica.
Una tercera forma de ejercer la participación ciudadana es la que contempla el mismo sistema: la participación ciudadana como tal, que en el caso de Guatemala se ejerce desde dos dimensiones básicas: la que se canaliza por el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural -SISCODE- (Decreto 11-2002), y la que se ejerce mediante las auditorias sociales (Código Municipal, articulo 17, inciso H; Ley de Descentralización, artículo 19; Ley de los SISCODE, artículo 16).
Mecanismos de auditoría social
La auditoría social implica un proceso de monitoreo, verificación y evaluación cualitativa y cuantitativa que la ciudadanía (generalmente usuarios), realiza sobre la gestión y manejo de los recursos públicos y sobre la calidad en la entrega de los servicios públicos.
La auditoría social es la potestad que tienen los ciudadanos de pedirle a las autoridades cuentas de la forma en que planifican y ejecutan los programas y proyectos, en particular, la forma en que se ejecutan los gastos de inversión y de funcionamiento de las instituciones que dirigen. Desde esa perspectiva, un ciudadano tiene el derecho de enterarse la forma en que las autoridades programan y ejecutan los gastos públicos, y mediante esta rendición de cuentas, garantizar que dichos programas y proyectos se desarrollan bajo criterios mínimos de transparencia, eficacia y eficiencia que garanticen el bienestar colectivo de la población.
En Guatemala, tales mecanismos de auditoría social están garantizados por la legislación nacional, y otorgan al ciudadano el poder de involucrarse en la forma en que se ejerce el poder político, de manera que se garantice que dichos programas y proyectos, vayan dirigidos a solucionar los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía. La auditoria social también puede favorecer la solicitud de información sobre las razones del incumplimiento de promesas electorales, tan comunes en época electoral: mediante dichas auditorías, los ciudadanos pueden juzgar si las excusas que se presentan para no cumplir las promesas de campaña son válidas, o no, con lo cual se puede favorecer la corrección de errores y la reestructuración de programas y proyectos que prioricen realmente las necesidades de la población.
Alianzas institucionales y sociales en el ejercicio de la ciudadanía
“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión.” Thomas Carlyle
La participación ciudadana puede favorecer el proceso de buscar alianzas sociales y políticas que fortalezcan la posición de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos: es bien sabido que las autoridades políticas tienen acceso a recursos institucionales y legales que pueden ser usados en contra del mismo ciudadano, para amedrentar o limitar el derecho ciudadano a participar mediante los mecanismos que hemos explicado anteriormente. En ese sentido, la búsqueda de alianzas es un mecanismo estratégico que favorece la generación de condiciones de fuerza que fortalezcan la decisión de participar como ciudadano dentro de un sistema, evitando la tentación de los funcionarios de ejercer su poder para coartar tales derechos ciudadanos. En ese sentido, las alianzas están pensadas para generar un auténtico poder ciudadano: bien dice el dicho que una golondrina no hace verano, que poder ser complementado con el otro dicho común: la unión hace la fuerza.
Una forma básica para potenciar alianzas es la búsqueda de organizaciones similares que tienen objetivos y planes de acción similares: por ejemplo, organizar los comités de auditoría social de una comunidad, un municipio o un departamento, para articular un movimiento medianamente coordinado y con acciones conjuntas. Otra forma es potenciar los planes y acciones estratégicas mediante canales de comunicación que potencien la voz del ciudadano y su organización, mediante las herramientas que permiten las tecnologías de información y comunicación actuales: las redes sociales. Un ciudadano, dotado de un teléfono inteligente, puede denunciar actos anómalos mediante mensajes, videos o fotografías que, enviadas mediante las redes sociales, puede sacar a luz asuntos que pueden después convertirse en tendencias sociales y políticas. El ciberactivismo en redes sociales, por lo tanto, es un mecanismo que la ciudadanía debe saber manejar, para el logro de sus objetivos ciudadanos.
Plan de incidencia ciudadana.
Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. Margaret Meade
La incidencia ciudadana se define como un proceso llevado a cabo por un individuo o un grupo, que normalmente tiene como objetivo influir sobre las políticas públicas y las decisiones de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales. Normalmente, dicha decisión de influir en la forma en que se toman las decisiones puede estar motivado por principios morales, éticos, altruistas, o de propia convicción o, simplemente, orientado a promover los intereses de o un colectivo o un sector de la población, especialmente si se considera que tradicionalmente, las autoridades han ignorado o desconocido tales intereses colectivos.
Para alcanzar de mejor forma tales objetivos, los ciudadanos pueden planificar sus acciones y sus estrategias que favorezcan la consecución de sus objetivos y proyectos, ya que en un mundo político cambiante, es necesario que el ciudadano esté atento a los procesos políticos y sociales que van ocurriendo en la realidad, de manera que esté preparado para enfrentarlos de mejor forma. Por ejemplo, desarrollar un plan de incidencia para acercarse a los actores políticos y sociales dominantes en época electoral que favorezca las alianzas y compromisos políticos, para comprometer a las autoridades en torno a programas y proyectos que el ciudadano considere prioritarios; de la misma forma, puede organizar sus recursos y tiempo de manera que los optimice, para el mejor logro de sus objetivos.
Lo ideal, por lo tanto, es tener claro el por que y el para que hacemos lo que hacemos; y establecer, de forma medianamente clara, las prioridades y acciones más relevantes a ejecutar, de forma que se maximicen los logros y se minimicen los costos. Elaborar planes de incidencia, por lo tanto, es un aspecto medular de los procesos de fortalecimiento ciudadano y de incidencia social que permita empoderar a los ciudadanos en las democracias modernas.
