En la anterior columna aludí a la manera como se ha instrumentalizado el Ministerio Público para generar una especie de purga dirigida hacia operadores de justicia anticorrupción, además de la forma como se inició la difusión de mensajes en contra de los representantes de la comunidad internacional.
Esa atmósfera de persecución, de la cual somos víctimas quienes integramos la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, ha dejado a por lo menos 22 operadores de justicia en el exilio, 14 de ellos antiguos integrantes de FECI, sumado a otro hecho lamentable: el infundado proceso contra 4 operadores de justicia –1 de ellas en prisión preventiva–, así como la citación a 3 operadores de justicia para una primera declaración de otra causa sin fundamento programada para mediados de abril.
En forma paralela se desarrolla el proceso para elegir Fiscal General el cual dejó la oportunidad, aunque de forma limitada, para que la ciudadanía, solo de formar presencial, expresara si alguno de los aspirantes ha incurrido en hechos que no lo hacen ni honorable ni idóneo para ser Fiscal General.
Mi condición de exiliado impidió que llegara a presentar las más de dos decenas de objeciones que tengo contra la aspiración de reelección de Consuelo Porras, pero eso no impidió que ciudadanos comprometidos presentaran por lo menos 9 tachas en contra de la responsable de la debacle del Ministerio Público.
En ese ejercicio de auditoría sobre la idoneidad y honorabilidad de la actual Fiscal General no debe perderse de vista los eventos que por enésima vez denuncio públicamente: las acciones que han convertido el MP en el fortín de la impunidad.
Valga como ejemplo las imágenes de la hipócrita “Cumbre por la Vida y la Familia”, donde pudimos observar con vergüenza la forma como la plana mayor del Ministerio Público –incluida la autoridad superior y el secretario contra la corrupción de la misma-, rendían honores a Miguel Martínez, quien debiera ser objeto de una minuciosa investigación, a raíz de los graves señalamientos de corrupción, expuestos por valientes periodistas, quienes hoy también sufren los deleznables abusos del poder gubernamental.
Quizás esa celebración por la vida hubiese tenido mayor sentido si exponen los datos, verbigracia, de la explosiva cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, pero además procuran explicar y formular un paliativo para ese mal.
Contrario a ello, el magno evento sirvió como cortina de humo para un nuevo bochorno en el Congreso de la República –como si no fuese suficiente la malograda Ley para la Protección de la Vida y la Familia–, con la aprobación de la denominada Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, o Ley Piñata como le llaman ya sus principales críticos, aprobado con 112 votos favorables con el que se destinará más de Q3.1 millardos para la ejecución del Plan de Recuperación de la Red Vial de Guatemala.
Un nuevo capítulo del despilfarro del erario, donde seguramente brillará la ausencia de la Contraloría de Cuentas y donde nuevamente el Ministerio Público, ante eventuales señalamientos de actos de corrupción, recurrirá a la “reestructuración” de lo que quedó de las unidades de investigación especializadas y los señalamientos dormirán el sueño de los justos.
Y como cereza del pastel de los recientes eventos pro impunidad en Guatemala, está la guerra desatada contra los representantes de la comunidad internacional, quienes se han manifestado en favor de la certeza jurídica y el cumplimiento de la cultura de legalidad y ahora resultan señalados por el propio gobernante de inmiscuirse en los asuntos locales. La falta de sinceridad es notoria, lo que busca proteger la clase política del país es la soberana impunidad.
Guatemala, ¡hasta cuándo!
