En el proceso de elección de Fiscal General que se avecina, los aspirantes además de pasar por el escrutinio de la comisión postuladora, deberán pasar por un riguroso monitoreo de la ciudadanía guatemalteca.
Corre la voz de la eventual participación de la actual jefa del Ministerio Público, quien como los demás participantes, no solo estará sujeta a las tachas de la población, sino también deberá revertir los señalamientos hacia su gestión, enunciados constantemente como su carta de presentación, ante sus posibles aspiraciones a una reelección.
Hay que considerar la destrucción de la carrera fiscal, que ha dejado sin sentido el concurso de méritos, con el anejo despropósito de considerar de confianza a empleados de esta categoría. Transgredió no solo las reglas de la lógica, sino derribó por completo las leyes de la materia.
La vulneración de las reglas constitucionales sobre el debido proceso y los derechos de los trabajadores, seguramente encontrarán legitimación en las altas cortes, como premio a la funcionaria, quien con inusitada eficiencia protegió los intereses de la impunidad.
Otro factor que los postuladores deberán evaluar si esta candidatura llega a su mesa, es la forma como la jefa del MP recurrió al traslado de fiscales como castigo solapado para el funcionario incómodo. Una contradicción a la normativa laboral interna, que establece que los traslados están supeditados a la conveniencia del trabajador interesado, por alteración de su salud, peligro de la integridad física o psicológica del interesado o su familia. En todo caso, los traslados debieran estar justificados con rigor técnico y no a merced de complacer el capricho de las mafias.
El mensaje implícito en las mencionadas arbitrariedades ha calado y el personal de la institución está desmotivado: al no tener libertad de pesquisar –especialmente hechos graves de corrupción– han comprendido que la eficiencia investigativa, puede convertirse en causal de despido o expulsión
Otro elemento en esta carta de presentación es la manipulación estadística que evidencia cuán sobrevalorada está “la desestimación”, pues la exhibe como principal referente de la solución de casos, pero que ninguna manera constituye un indicador que demuestre eficacia en el cumplimiento de las funciones del ente investigador.
Contrario a ello, es evidente que el Ministerio Público es ahora una herramienta de criminalización para operadores de justicia comprometidos con la ley, sociedad civil crítica de la fiscalía y la prensa independiente. Ha convertido a la institución en enemigo de la ciudadanía y fortín de la impunidad.
La actual administración del Ministerio Público se ha caracterizado por autonombrarse respetuosa de la ley y sin sesgos de ninguna naturaleza, autocalificativos que cruzan la frontera de la imaginación. El comité de aplausos no debiera permitir que la autoridad superior del MP se aleje de una realidad. Lejos de ser una institución que impone respeto, la Fiscalía General a contrario sensu, dinamitó la confianza de los guatemaltecos.
La propia institución, a capricho del régimen, puede frenar las aspiraciones de posibles competidores no solo en este proceso de selección de fiscal general, sino en las subsiguientes elecciones de segundo grado. Ahí nuevamente estará a prueba el patrón de acciones de la actual administración del Ministerio Público: la obstrucción del camino de los incómodos y despeje de la senda para los aliados.
